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Los ‘MENA’, la nueva diana favorita para los bulos de los haters

Los conocidos como ‘MENA’ son niños, niñas y adolescentes –siempre menores de 18 años–, de origen extranjero y que han llegado a nuestro país sin estar bajo el cuidado de sus padres ni de ningún adulto.

Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, a fecha de 31 de junio de este año, España tiene en acogida o bajo su tutela, a través de los servicios de protección de menores de las distintas comunidades autónomas, a un total de 12.301 menores migrantes en esta situación. Así, suponen tan solo el 0,02 % de la población total nacional, una cifra muy lejana de la pretendida “invasión masiva” de la que alertan nuestros injustificadamente «preocupados» haters.

Exactamente. Los haters llevan un tiempo intentando hacernos creer que están muy alarmados y que existe una especie de “emergencia” por el número de niños, niñas y adolescentes que cruzan la frontera para labrarse una vida con más oportunidades y un futuro mejor para ellos y sus familias. Porque sí, por más que quieran utilizar el acrónimo ‘MENA’ para ocultar de lo que están hablando, se trata de niños, niñas y adolescentes. Todos menores de edad.

Contrastamos con datos: la gran mayoría de menores migrantes se integra de forma adecuada en la sociedad

En los últimos meses, los bulos que más repercusión han tenido hacían referencia a menores migrantes no acompañados acogidos por la Generalitat de Catalunya. En algunos, los más graves, se les ha intentado criminalizar, apuntándoles falsamente como responsables de algunos delitos que han llegado incluso a tener trascendencia en los medios de comunicación.

El objetivo de estos bulos es claro: hacer circular todo tipo de prejuicios y generalizaciones para dibujar una falsa imagen de delincuencia, marginalidad y desinterés por parte estos menores en su integración social, que de ninguna manera se corresponde con los datos oficiales ofrecidos por las instituciones catalanas.

Según los Mossos d’Esquadra, 8 de cada 10 menores que llegaron sin tutores se integraron satisfactoriamente en el sistema de protección de la Generalitat y nunca han delinquido. Así pues, la propia policía catalana argumenta es un «error» criminalizar a todos estos menores, dado que es una inmensa minoría la que presenta alguna dificultad en su integración.

De hecho, incluso entre los menores que llegaron sin compañía de un adulto y han cometido algún delito, casi la mitad lo ha hecho después de cumplir la mayoría de edad. De esta forma y ante estos datos, el argumento de presentar a este colectivo como “peligroso” y “conflictivo” termina de caer por su propio peso. ¡Ayúdanos a combatir el deseo de los haters de romper la convivencia descargándote y utilizando estas piezas para redes sociales!

¿Quieres profundizar? Consulta fuentes fiables

Numerosos memes con información manipulada, titulares de presuntas noticias descontextualizadas, afirmaciones sin fuentes que las respalden… Son casi infinitas las formas que toman las desinformaciones difundidas por los haters. Sin embargo, gracias a iniciativas como Maldito Bulo, se han demostrado que todas estas informaciones son falsas, al igual que ese presunto trato de favor hacia los y las menores migrantes que los haters nos quieren hacer creer que existe.

Sin embargo, y como ya hemos tratado anteriormente, la legislación es clara: se da exactamente el mismo tratamiento a personas inmigrantes que a autóctonas y la edad, el origen, la etnia o la nacionalidad nunca son criterios que sirvan como base para una discriminación ni positiva ni negativa.

La Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 1989, sentó los principios que toda legislación de los países que la hayan suscrito deben tener en cuenta a la hora de legislar sobre los derechos, obligaciones y libertades de los y las menores de edad. Así, su artículo 3 establece que “el interés superior del niño” –y no su origen, aspecto físico, lengua materna o cualquier otra excusa que quieran intentar vendernos los haters– será el principio máximo sobre el cual todos los demás deben estar supeditados:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

A nivel nacional, la ley que regula los servicios y la atención dirigida a la infancia migrante se encuentra en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que en su artículo 10.3 deja con meridiana claridad la igualdad de condiciones y de protección a este colectivo:

“Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, […], garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.
Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española, mientras permanezcan en el territorio del Estado español, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”.

De esta manera queda en evidencia que la intención de los haters no es otra que generar confusión y desconfianza ante niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. Porque, si no, ¿para qué iban a utilizar datos manipulados, mentiras y desinformaciones? Es necesario el compromiso de todas y todos para poner fin a estas acciones que polarizan a la sociedad y rompen la convivencia. ¡Ayudemos a los haters a salvarles de su propia espiral de odio!

Las becas y ayudas al estudio, un derecho (y no un privilegio) para quien más las necesita

Hoy nos internamos por vez primera en otro de esos temas recurrentes en el discurso discriminatorio con tintes xenófobos: hoy hablamos de educación y, concretamente, de las becas y ayudas estatales al estudio. Porque hemos advertido una interesante clave en el patrón de comportamiento del homo hater: los y las haters confunden muy a menudo igualdad y derechos con privilegios.

Cuando hablamos de educación en España estamos hablando de igualdad. El artículo 27 de la Constitución española establece, en el marco de los derechos fundamentales, el derecho que todos y todas tenemos a la educación. Para garantizar el ejercicio del derecho a la educación, existe un sistema estatal de becas y ayudas al estudio. Por ley, las personas de origen extranjero residentes en España pueden acceder a este sistema en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Sin embargo, el catálogo de bulos de carácter xenófobo que circulan en el ámbito online y también en el offline incluye a menudo el supuesto privilegio de las personas inmigrantes en el acceso a becas y ayudas escolares. Y no, para nada, queridos/as haters: estos privilegios no existen.

Lamentablemente, este cuento de los privilegios que estarían disfrutando las personas inmigrantes ha calado en la sociedad. En el informe-encuesta sobre la “Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en España”, realizado en 2018 por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), se recoge cómo entre el 59 y el 69 por ciento de las personas encuestadas percibe que los/as alumnos/as inmigrantes reciben más ayudas que los autóctonos.

Las ayudas al estudio se otorgan en función de la situación socioeconómica de la persona

Sin embargo, lo cierto es que para acceder al sistema de becas y ayudas al estudio hay, fundamentalmente, dos factores a tener en cuenta: las circunstancias socioeconómicas y el aprovechamiento académico del solicitante. Es decir, para acceder al sistema de becas y ayudas lo realmente decisivo es la necesidad económica: las ayudas al estudio son destinadas a quienes más lo necesitan. Cuando hablamos de educación estamos hablando de derechos e igualdad.

Con estos argumentos ya podéis ayudar a los/as haters a comprender que no existen privilegios para las personas inmigrantes en el acceso a becas y ayudas para el estudio. Aquí puedes descargarte algunas piezas para redes sociales que te ayudarán en tu tarea mesiánica de ayudar al hater a sacarse fuera todo ese odio.

Todos estos bulos, y esto es serio, pueden hacer mucho más daño de lo que parecen. Desde Save A Hater queremos invitaros a desactivar el efecto tóxico de los bulos discriminatorios: párate a pensar cuál es la mejor manera de reaccionar, y después decide: corta la cadena, contesta desmontando el mensaje discriminatorio, solicita la fuente del rumor para averiguar si es o no veraz y, en caso necesario, denuncia.

Accede aquí a todas las herramientas que ponemos a tu disposición desde la campaña Save A Hater.

¿Quieres profundizar? Consulta fuentes fiables

Junto a los argumentos, la labor del salvahaters obliga a acudir a fuentes fiables. Por ejemplo, al Código de Becas y Ayudas al Estudio, publicado por el Boletín Oficial del Estado y actualizado el 3 de abril de 2019. Su capítulo tres reúne los dos instrumentos legislativos que regulan a escala estatal las becas y ayudas al estudio. Son los siguientes:

– Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
– Real Decreto 951/2018, de 27 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el presente curso y se modifica el Real Decreto 1721/2007.

El Real Decreto 1721/2007 comienza explicando que existe un sistema estatal de ayudas al estudio y becas para garantizar el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución; para que “todas las personas, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la educación”.

Para las personas extranjeras no comunitarias el Real Decreto se remite a lo dispuesto en la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, es decir, a la Ley Orgánica 4/2000, conocida como la ‘Ley de Extranjería’. El artículo 9 establece el derecho a la educación para los extranjeros menores de 18 años (incluyendo el acceso a la enseñanza básica, gratuita y obligatoria); el derecho a la enseñanza posobligatoria; a la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles.

Sobre los requisitos para acceder al sistema de becas hay que remitirse al citado Real Decreto 1721/2007. Es ahí donde se concretan que son las circunstancias socioeconómicas y el aprovechamiento académico del solicitante los dos factores decisivos a tener en cuenta. Junto a estos dos factores también se mencionan las necesidades especiales derivadas de discapacidad, trastornos graves de conducta o ‘altas capacidades intelectuales’.

¿No será entonces, amable hater, que lo que te molesta es la igualdad y el sistema de derechos?

¿De verdad crees que el Orgullo LGTBI ya no es necesario?

Este año se conmemora el 50º aniversario del Orgullo LGTBI, una celebración que reivindica y defiende la igualdad de todas las personas al margen de su orientación sexual o su identidad de género.

No obstante, todos los años, sobre estas fechas, muchos haters repiten el mantra de que el “Orgullo ya no es necesario”, e incluso reivindican la celebración de un “Orgullo hetero” como si se tratara de una especie de agravio comparativo. Estos llamamientos suelen llevarse a cabo por parte de haters que, o bien ignoran la terrible realidad que miles de personas LGTBI viven en numerosas partes del mundo, o bien, por pura LGTBIfobia, quieren difundir sus mensajes discriminatorios.

En este artículo abordaremos algunos de los motivos por los que aún es necesario celebrar el Orgullo LGTBI y visibilizar las dificultades vitales y los riesgos para la vida con los que este colectivo tiene que convivir en numerosas partes del mundo. Así, aunque cada persona pueda celebrar lo que quiera, podremos hacer ver a los haters por qué exigir una celebración del “Orgullo heterosexual” carece de sentido a modo de reivindicación. También, puedes descargarte algunos materiales que ponemos a tu disposición para ayudarte a salvar a los haters de su espiral de odio y LGTBIfobia.

Reivindicar un ‘Orgullo hetero’ no es necesario y sí lo es visibilizar el Orgullo LGTBI porque…

…no existen países donde sea ilegal ser heterosexual o mantener relaciones heterosexuales.

Actualmente existen 70 países que condenan las relaciones entre personas del mismo sexo. En 59 se castigan expresamente con penas de prisión o se utilizan otros delitos para procesarlas penalmente –en la mitad de ellos la condena puede llegar a cadena perpetua– y aún permanecen 11 países en los que se mantiene la pena de muerte (Homofobia de Estado 2019, ILGA).

El número de países que criminalizan la diversidad sexual se ha ido reduciendo muy lentamente. Pero también existen estados cuya tendencia es claramente opuesta: recientemente Brunéi aprobó una ley que imponía la pena de muerte por lapidación a quienes mantuvieran relaciones sexuales con otra persona de su mismo sexo. Aunque afortunadamente la presión internacional ha conseguido poner freno temporalmente a su aplicación, esta es una muestra de que los prejuicios y las políticas específicas que atentan contra los derechos de las personas LGTBI continúan al orden del día.

…no hay países que prohíban el matrimonio o unión civil entre personas heterosexuales, las muestras públicas de afecto entre personas de distinto sexo o simplemente hablar en público sobre la heterosexualidad.

A pesar de los avances a nivel internacional, tan solo 54 países reconocen el matrimonio o algún tipo de unión civil entre personas del mismo sexo (Homofobia de Estado 2019, ILGA). El resto de países no tienen legalizadas este tipo de uniones o las tienen expresamente prohibidas en su legislación, como ocurre en 32 países.

Por otro lado, las muestras de afecto o cariño entre personas del mismo sexo en espacios públicos pueden acarrear terribles consecuencias en determinados lugares. En Rusia, aunque no está penalizada la homosexualidad per se, debido a su estricta legislación sobre la prohibición de “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, una simple caricia o un beso puede ser motivo de sanción penal. Esta misma ley llega a tal extremo, que colgar en Internet cualquier tipo de información sobre diversidad sexual por parte de ciudadanos rusos o incluso hablar en la calle acerca de las personas LGTBI puede acarrear multas o hasta penas de prisión.

…las personas heterosexuales no están expuestas a sufrir discriminación, insultos o agresiones por el hecho de ser heterosexuales.

En el último año en España se produjeron 629 incidentes de odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, como revela el Informe de delitos de odio e incidentes discriminatorios al colectivo LGTBI 2018 del Observatorio Redes Contra el Odio y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Además, el acoso escolar motivado por la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género sigue siendo el mayoritario en nuestro país, lo que, en las situaciones más extremas, termina con cerca de 50 suicidios de jóvenes LGTBI cada año y con que otros 950 hayan llegado a intentarlo, según el Observatorio Español contra la LGBTfobia.

Y estas circunstancias se producen en un país que posee una legislación reconocida internacionalmente como avanzada en el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGTBI. Imaginemos cómo será la situación de las personas no heterosexuales que viven en países donde no existe ningún respaldo legal a sus derechos ni a su dignidad.

…no existen grupos extremistas que se dediquen a “cazar” e incluso a asesinar a personas por ser heterosexuales.

Hace poco volvió a ser noticia la terrible situación que se vive en Chechenia, donde numerosas denuncias internacionales han alertado de la persecución de personas LGTBI y su traslado a campos de concentración donde son sometidas a tratos humillantes, a torturas e incluso son asesinadas.

Además de esta persecución, las personas LGTBI en Chechenia también son víctimas de una constante discriminación social con la que se alienta incluso a que las familias lleven a cabo “asesinatos de honor” contra los propios miembros que se descubran como LGTBI.

…ninguna persona ha sido expulsada de su hogar por su propia familia a causa de ser heterosexual.

Según un estudio reciente realizado en la Comunidad de Madrid, la principal causa de sinhogarismo dentro del colectivo LGTBI es la expulsión del hogar como consecuencia de que los miembros de la familia no acepten la orientación sexual o identidad de género de uno de sus miembros.

Al ser un estudio en el que se aborda por primera vez esta realidad, no existen unas cifras concretas y consolidadas, a diferencia de otros países en los que sí se ha estado trabajando con personas LGTBI sin hogar, como ocurre en Estados Unidos. Allí las cifras son sangrantes: las personas LGTBI tienen un 120 % más de probabilidades de vivir en el sinhogarismo que las personas heterosexuales; y, de hecho, 2 de cada 5 jóvenes que viven en la calle se identifican a sí mismos como no heterosexuales. Más cercano encontramos el caso de Reino Unido, donde 1 de cada 4 jóvenes sin hogar pertenece a este colectivo.

…no hay libros sobre “cómo dejar de ser heterosexual” ni pseudoterapias que pretendan cambiar la orientación sexual de las personas heterosexuales.

Aunque parezca mentira que aún existan, hay un amplio catálogo de libros, seminarios, webs… cuya misión es, en teoría, cambiar la orientación sexual de las personas homosexuales y “hacerlas” heterosexuales. Peor todavía, en muchos lugares –incluso en España– se publicitan presuntos psicólogos o terapeutas que promocionan terapias para “abandonar la homosexualidad”.

Las llamadas “terapias reparativas” o “de reorientación sexual” se han demostrado no solo como un fraude por ser absolutamente ineficaces, sino que las personas que se han sometido a ellas y organizaciones de psiquiatras han alertado sobre su peligrosidad. La Asociación Americana de Psiquiatras ha llegado a afirmar que “las formas de ‘terapia reparativa’ entrañan grandes riesgos como depresión, ansiedad y conductas autodestructivas; cuando el terapeuta muestra los mismos prejuicios que la sociedad, esto puede reforzar el odio que el paciente siente hacia sí mismo”.

…y finalmente porque, aunque originalmente se haya promovido desde el colectivo LGTBI, el Orgullo es un acontecimiento para celebrar la diversidad en todos sus aspectos, incluida la heterosexualidad, ¡que también forma parte de toda esa variedad de colores y matices que conforman la sociedad en la que vivimos!

Multitud de haters obvian todos estos datos y continúan afirmando que el Orgullo es innecesario y siguen diseminando su odio contra la diversidad… ¿no será que lo que buscan es poder seguir discriminando? ¿O es que les indigna que todas las personas, al margen de su orientación sexual o identidad de género, quieran disfrutar de los mismos derechos y la misma libertad para amar y ser feliz en cualquier parte del mundo?

El sueño de los haters: misoginia y xenofobia en un mismo bulo y

El sueño del hater: xenofobia y misoginia en un mismo bulo

Culpar a los hombres migrantes de la violencia de género: xenofobia de manual

Hoy queremos dedicarnos a otro de esos maliciosos bulos que circulan por ahí, alentado interesadamente desde ciertas posiciones, personajes y organizaciones. Nos referimos a aquel que afirma que la violencia de género y los asesinatos machistas son cometidos principalmente por hombres extranjeros.

Con este rumor, nuestros adorables haters consiguen rizar el rizo: alimentar la estrategia del odio en dos direcciones a la vez, hacia los hombres migrantes, como discurso xenófobo, y hacia las mujeres, a través de la extensión del discurso negacionista que rechaza la propia existencia de la violencia de género.

Acusar a los hombres extranjeros de ser los responsables de la violencia de género potencia, evidentemente, el racismo y la xenofobia. Podríamos decir que es un caso ‘de manual’. Los hombres inmigrantes son utilizados como chivo expiatorio al que culpar de un mal social, en este caso la violencia de género. Identificado el culpable, suceden dos cosas. La primera es que una vez hemos encontrado al culpable, podemos declararlo a los cuatro vientos, podemos señalarlo y dar cauce al odio contra él. La segunda, más sutil, pero no menos perniciosa, es que por el mismo mecanismo los demás hombres (autóctonos, no considerados extranjeros) quedan eximidos de responsabilidad alguna.

Según los datos estadísticos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 72 % de los hombres condenados por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en 2018 fueron de nacionalidad española y el 28 % fueron ciudadanos extranjeros.

Parece con datos como este que la violencia de género concierne al conjunto de los hombres, al margen de la nacionalidad, origen o clase social.

Un bulo al servicio del discurso misógino

Pero es que como decíamos, este bulo sirve también a los intereses del discurso misógino, de rechazo u odio hacia las mujeres. ¿Y de qué forma, cuando podría parecer que se está denunciando la violencia de género?

Siguiendo el hilo de nuestra argumentación, el bulo que culpa a los hombres extranjeros alimenta el discurso negacionista que afirma que la violencia de género es solo un invento creado desde el feminismo y desde aquello tan recurrentemente utilizado de la ‘ideología de género’. Con mensajes discriminatorios de este cariz se refuerza esta idea: la violencia de género no existe, no tiene un impacto real y, en todo caso, es propia de los hombres extranjeros y, por tanto, es un fenómeno exógeno, ajeno a nuestra sociedad. Entonces, no tenemos nada de lo que preocuparnos, nada que solucionar. Jugada redonda.

Por esto, junto a algunos datos y argumentos, ponemos a vuestra disposición, afanados/as salvahaters, piezas como estas para responder en las redes sociales a estos comentarios de odio xenófobo y misógino. Accede aquí a las herramientas que ponemos a tu disposición desde Save A Hater.

Estos bulos, esta rumorología de origen incierto, hacen mucho más daño de lo que parece. Desde Save A Hater queremos invitaros a desactivar el efecto tóxico de estos mensajes: párate a pensar la mejor manera de reaccionar, y después, decide. Puedes cortar la cadena, pedir la fuente de la supuesta información que da base a su mensaje, contestar desmontando su contenido o, en caso necesario, denunciar ante la propia plataforma digital, ante una organización como Accem o, llegado el caso, ante los propios tribunales.

¿Quieres profundizar? Consulta fuentes fiables

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su Informe sobre Violencia de Género correspondiente al año 2018, recoge datos de interés:

– Del total de 18.091 varones que fueron condenados en 2018 por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los hombres extranjeros constituyen el 28 % del total por un 72 % de españoles.

– En los casos de violencia contra la mujer que se resolvieron en los Juzgados de lo Penal, fueron hombres extranjeros el 29 % de los 16.575 condenados, frente a un 71 % de españoles.

– En 2018 se recogieron un total de 166.961 denuncias por violencia de género en los juzgados españoles. El 31,5 % de las víctimas eran extranjeras.

– Sobre el total de 39.176 órdenes de protección solicitadas, en 12.616 casos correspondieron a hombres extranjeros, que constituyen el 32,2 %. Fueron hombres españoles el 67,8 % de los denunciados.

Además, Newtral publicó el pasado mes de diciembre una información que ahora queremos recuperar. En ella se hacían eco del informe dedicado a los asesinatos por violencia de género que publica anualmente el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Entre otros datos, este informe recoge si el culpable del asesinato ha nacido o no en España:

– 2017: el 66,7 % de los asesinatos fueron cometidos por hombres nacidos en España.

– 2016: 65,3 %.

– 2015: 73,3 %.

– 2014: 67,3 %.

– 2013: 68,5 %.

Esto significa que en los últimos años analizados, el porcentaje de culpables de asesinatos machistas que habían nacido en España superó siempre el 65 %, llegando a sobrepasar el 73 % en 2015.

¿No será entonces que nuestros queridos haters han vuelto a hacerlo? ¿Han vuelto a culpar de un enorme problema social a los inmigrantes para extender sus mensajes de odio xenófobo? ¿No será que además han querido simular que la violencia de género no existe como problema en la sociedad española? ¿No será que hemos vuelto a pillar a nuestros queridos haters, como se suele decir, con el carrito de los helados?

¿Las personas inmigrantes abusan de las ayudas públicas? Derrumbamos el mito

Las ayudas se otorgan a las personas con rentas más bajas

Hay un tema que suena en Radio Hater como una mala canción del verano, pero que acaba por hacerse un hueco en la mente de muchos/as a fuerza de ser repetido insistentemente. La lista de canciones de los haters xenófobos es siempre igual, mezcla bulos y tópicos; estereotipos, falsedades y generalizaciones. Pero, como la canción del verano, resulta pegadiza y eficaz. Hoy analizamos la canción de los haters (o más bien el grito desafinado) que afirma que las personas inmigrantes copan todas las ayudas sociales.

Para empezar, es necesario decir que el acceso a las ayudas y a los servicios sociales es un derecho que en todo ámbito administrativo en España (estatal, autonómico y local) se rige, como norma general, por un mismo criterio: la situación socioeconómica personal o familiar.

Existen ayudas económicas o ventajas fiscales (en materia de vivienda, sanidad, educación, etc.) que se conceden a las rentas más bajas o cuando se carece de ingresos; no así por pertenecer a una etnia, religión, origen o nacionalidad determinada. Es más: si en la concesión de estas ayudas directas se discriminase por nacionalidad, sería una situación directamente inconstitucional e ilegal.

Vamos a ver algunos datos: apenas un 16 % de las personas usuarias de los servicios sociales fueron extranjeros (según datos de 2015, recogidos por Newtral); sólo el 9,7% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo nacieron fuera de España (dato de 2017) y tan solo el 1% de las personas receptoras de pensiones eran extranjeras.

Tener residencia legal, requisito para acceder a prestaciones

Hay un elemento más a añadir y a tener en cuenta: en España, la ley establece que, para poder acceder a todo el catálogo de prestaciones sociales, a excepción de las más básicas, es necesario tener residencia en España. Esto deja fuera a muchas personas inmigrantes que, al encontrarse en situación administrativa irregular, no pueden cumplir con este requisito. Queda así en evidencia que la condición de extranjero no supone una ventaja en las posibilidades de acceder a estas prestaciones, más bien todo lo contrario.

Sí existen algunas ayudas destinadas a fomentar la integración social o de carácter humanitario, que, si bien su origen procede en gran medida de fondos públicos, no se otorgan de manera directa. Esos recursos se gestionan a través de las distintas ONG, que, como Accem, trabajan con personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión, quienes las conceden en función de criterios basados en la situación de vulnerabilidad y emergencia social.

Es necesario decir claramente que las ayudas humanitarias, que sirven para afrontar situaciones extremas de emergencia social, o las ayudas a la integración son fundamentales y necesarias para construir una sociedad diversa, cohesionada y equilibrada socialmente.

Tampoco hay que olvidar que las propias personas inmigrantes, también aquellas en situación irregular, contribuyen a la financiación de los servicios públicos a través de impuestos como el IRPF, que grava sobre la renta, o como el IVA, cada vez que se compra un producto o se contrata un servicio.

Junto a estos datos y argumentos, amigo/a salvahaters, te dejamos aquí algunas piezas para redes sociales para ayudarte en esa tarea nunca suficientemente ponderada de salvar a los haters de ese riesgo cierto de combustión espontánea.

Todas estas falsedades hacen mucho más daño de lo que parece. Desde Save A Hater queremos invitaros a desactivar el efecto tóxico de los bulos discriminatorios: párate a pensar cuál es la mejor manera de reaccionar, y después decide: corta la cadena, desmonta el mensaje discriminatorio, solicita la fuente del rumor para averiguar si es o no veraz y, en caso necesario, denuncia. Accede aquí a algunas herramientas que te pueden ser de utilidad.

¿Quieres profundizar? Consulta fuentes fiables

En España, a nivel legislativo, las competencias para regular las ayudas sociales recaen en su mayor parte sobre las comunidades autónomas, que fijan sus cuantías y los requisitos de acceso, que deben estar basados en criterios justificados conforme a la ley y, en última instancia, a principios como igualdad y universalidad.

Dentro del marco jurídico estatal, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social –conocida como Ley de Extranjería–, estipula expresamente que para poder acceder a todo el catálogo de prestaciones de la Seguridad Social y de los servicios sociales, a excepción de los más básicos y que responden a situaciones de emergencia social, es necesario tener residencia legal en España.

La única subvención pública destinada específica y directamente a personas extranjeras que se encuentren en España es la destinada al retorno voluntario, es decir, “aquella dirigida a facilitar el regreso a sus países de origen a las personas inmigrantes que, cumpliendo los requisitos legalmente establecidos, así lo deseen”.

Por su parte, Maldita Migración ha realizado un seguimiento de estas ayudas a nivel autonómico y las distintas administraciones han dado una respuesta unánime: no se dan más facilidades de acceso a las ayudas a las personas de origen extranjero.

¿No será entonces que a nuestros/as estimadísimos/as haters lo que les molesta es que todas las personas puedan disfrutar de los derechos sociales en condiciones de igualdad sin discriminación por su origen étnico o nacional?

Bulos sobre violencia de género

¿Acabamos ya con el mito de las denuncias falsas por violencia de género?

Esta vez nos vamos a poner, si cabe, más serios. Ya sabemos que una de las dianas preferidas para los haters del mundo online son las mujeres, porque el odio de carácter machista o misógino aparece continuamente y con una intensidad muy alarmante en los medios digitales. Pero concretamente hoy entramos a una temática de gravedad mayúscula, que deja cada año decenas de mujeres asesinadas y quién sabe cuántas mujeres golpeadas y maltratadas. Vamos a hablar de violencia de género y vamos a tratar de acabar con el tan manido bulo de las denuncias falsas.

Únicamente el 0,01 % de las denuncias presentadas por violencia machista eran falsas: entre 2009 y 2016 las causas incoadas por denuncias falsas fueron 194, frente a las 1.055.912 denuncias por violencia de género presentadas durante esos ocho años. De entre estos 194 expedientes abiertos, 79 terminaron en condena y 110 aún permanecían en investigación. Solo hubo cinco absoluciones para la parte que presuntamente había denunciado falsamente. Estos son los datos que aparecen en la memoria anual de la Fiscalía (2017). Así, queda en evidencia que las denuncias falsas son irrisorias en número, pero sí son perseguidas y castigadas.

También hay que tener en cuenta, que, en cualquier caso, el número de denuncias interpuestas a causa de la violencia de género tampoco es una representación fiel del número de casos reales, pues desgraciadamente este es mucho mayor. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género dio a conocer que el 81% de las mujeres asesinadas por violencia machista durante 2018 no había denunciado previamente.

Estos datos, contundentes por sí mismos, no han logrado parar a los haters misóginos y negacionistas de la violencia de género, que aducen que los datos de falsedad a la hora de denunciar son mucho más altos, pues pretenden contabilizar como falsos todos aquellos casos en los que finalmente no se produce la condena. Sin embargo, que una denuncia no termine en la condena del acusado no la convierte en absoluto en una denuncia falsa. Esto puede deberse a causas variadas: la absolución en un sistema de derecho puede deberse a que no han podido reunirse las suficientes pruebas; puede deberse a que los hechos probados no llegan a constituir un ilícito penal; o puede producirse el caso, y esto es muy frecuente, de que la víctima haya decidido retirar finalmente la denuncia, muchas veces a causa del miedo.

Pocas bromas con esto. Aquí te dejamos algunas piezas para que emplees en tus redes sociales, si lo consideras oportuno, cada vez que te encuentres a un recalcitrante hater con el cuento negacionista de las denuncias falsas.

Bulos como este son extremadamente dañinos e irresponsables, porque ayudan a proteger al agresor y a desproteger a la víctima, porque extienden un halo de sospecha sobre las víctimas de un fenómeno que causa cada año un sufrimiento incalculable. Queremos invitaros a desactivar el efecto tóxico de mensajes misóginos de este cariz: párate a pensar cuál es la mejor manera de reaccionar, y después decide: corta la cadena, desmonta con datos y argumentos, solicita y coteja la fuente del bulo y, en caso necesario, denuncia.

¿Quieres profundizar? ¿Qué es y qué no es una denuncia falsa?

El Código Penal español castiga en su artículo 456 a aquellas personas que, “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados”. En otras palabras: una denuncia falsa consiste en denunciar a otra persona por hechos delictivos (o faltas) que no ha realizado.

Entonces… ¿Qué no es una denuncia falsa?

No todos somos especialistas en Derecho, ni conocemos los tecnicismos de los elementos que conforman los distintos tipos penales. Si una persona denuncia unos hechos en concreto, puede no saber si constituyen o no un delito, aunque crea que sí. Denunciar unos hechos que han ocurrido y que son desagradables para quien los sufre, pero que no están tipificados penalmente o no llegan a traspasar la línea establecida por el legislador para considerarlo un ilícito penal, no es igual que denunciar algo que nunca ha tenido lugar.

Tampoco es una denuncia falsa hacerlo sin las suficientes pruebas. Que no haya pruebas sobre la comisión de un delito o falta no implica automáticamente que los hechos no hayan ocurrido. Realmente aquí radica el mayor problema al que se enfrenta la Justicia a la hora de afrontar los juicios por violencia de género, ya que demostrar fehacientemente haber sufrido violencia de género requiere de pruebas muy concretas y, por este motivo, hay tan pocas condenas en este ámbito en comparación con el total de denuncias.

Finalmente, retirar una denuncia o no ratificarla no la convierte en falsa. Retirar una denuncia puede deberse a factores muy complejos, especialmente cuando hablamos de violencia de género. Romper determinados vínculos o relaciones, por muy tóxicas que sean, puede resultar tremendamente difícil, especialmente para mujeres cuya situación de violencia, sometimiento y anulación ha terminado por generar una red de dependencias emocionales, económicas, sociales o familiares de la que hacen falta muchas fuerzas y apoyos para poder salir. Esto es fácilmente comprobable: nada menos que 7 de cada 10 sentencias absolutorias por temas de violencia de género se debe a la retirada de la denuncia por parte de la víctima, y buena parte de este alto número obedece al miedo a posibles represalias por parte del agresor. No nos es extraño el relato, oído en las noticias, de que una mujer asesinada por su pareja o expareja, a pesar de que ya le había denunciado, continuaba viviendo con él. Resulta difícil afirmar que estas mujeres asesinadas habían denunciado en un primer momento en falso.

Entonces, ¿Cuál es exactamente el afán de los haters por extender este tipo de bulos de carácter misógino? ¿No les parece que la violencia de género sea realmente algo grave e importante? ¿O es la verdadera igualdad entre hombres y mujeres lo que les molesta?

Ni medicamentos gratis ni abuso de la sanidad pública

En período de campaña electoral, algunos políticos y sus seguidores se encargan de sacar del almacén bulos, noticias viejas y contenido falso a fin de generar una mayor polarización y reforzar falsas creencias que alimentan la espiral de la desinformación. Hay algunos colectivos que sufren estos bulos malintencionados de manera recurrente y uno de ellos son las personas inmigrantes.

Uno de los tópicos que escuchamos y encontramos a menudo es el que vincula la inmigración con un supuesto abuso de la sanidad pública. ¿Os suena? Quizá lo habréis visto por Twitter, Facebook, WhatsApp y hasta oído de la propia voz de algunos candidatos/as. Podemos contrastar estas afirmaciones con los datos de la Encuesta Nacional de Salud del Instituto Nacional de Estadística (2017):

En el último año el 87 % de los españoles acudió alguna vez a consulta médica, frente al 82 % de las personas de origen extranjero. En este dato se incluyen, por cierto, todas las personas de origen extranjero que residen en España. Sí, los estudiantes Erasmus o las personas jubiladas procedentes del norte de Europa, también.

Ante la pregunta sobre el consumo de medicamentos en las dos semanas previas a la realización de la encuesta, el resultado fue el siguiente:

El 48% de las personas extranjeras no había consumido medicamentos frente al 33% de los españoles.

Es decir, a la luz de estos datos, sucede exactamente lo contrario de lo que dicen los mensajes xenófobos: las personas extranjeras acuden menos a consulta médica que las autóctonas y consumen menos medicamentos.

En España, además, el coste de medicamentos y productos sanitarios está vinculado a la renta del paciente. Son las condiciones socioeconómicas las que marcan el descuento aplicable para la compra de una medicina, no el origen.

Con estos datos, extraídos de fuentes reales y confiables, podéis ver y hacer ver a otras personas que no existe tal abuso de la sanidad pública por parte de las personas inmigrantes y que tampoco obtienen medicamentos gratis.

Amigo/a salvahaters, aquí puedes descargarte algunas piezas para redes sociales que te ayudarán en tu titánica tarea de salvar al hater.

Todos estos bulos pueden hacer mucho más daño de lo que parecen. Desde Save A Hater queremos invitaros a desactivar el efecto tóxico de bulos y rumores discriminatorios: párate a pensar, siempre, la mejor manera de reaccionar, y decide: corta la cadena, contesta desmontando el mensaje discriminatorio o solicita la fuente y contrasta para averiguar si es o no veraz.

Accede aquí a las herramientas que ponemos a tu disposición desde Save A Hater.

 

¿Quieres profundizar? Consulta fuentes fiables

Para ayudaros a desmentir los bulos sobre las personas inmigrantes y su supuesto uso abusivo de la sanidad, queremos ofrecerte más información:

Luego de haberse recuperado el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS) el 27 de julio de 2018, se restablece la protección de la salud y atención sanitaria a las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

En el artículo 3ro del Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, se modifica que: “Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española, tal y como se establece en el artículo 3.1″. Esta medida establece una igualdad de derechos sin que importe el origen de la persona.

En este Real Decreto-Ley también se modifica el artículo segundo de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, y se añade que el coste de los medicamentos para personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España será de un 40 % del PVP, al igual que una persona en activo con una renta inferior a 18.000 euros y sus beneficiarios. Hay que subrayar, y esto es muy importante, que estamos hablando de personas que no tienen permiso de trabajo, es decir, que no tienen acceso a un trabajo y un salario, y que por tanto su situación de vulnerabilidad es extrema.

Los pagos de medicamentos y productos sanitarios se hacen en base a la renta de los usuarios y las únicas personas que están exentas al pago de medicamentos en territorio español son las que cumplen los siguientes supuestos: personas con discapacidad (en los términos contemplados en la normativa específica); perceptores de rentas de integración social; perceptores de pensiones no contributivas; personas en paro sin derecho a subsidio; afectados/as por el síndrome tóxico y aquellos tratamientos derivados de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

¿No será entonces que lo que molesta a nuestros/as queridos/as haters es la igualdad y el sistema de derechos?

Notre Dame

Desinformación en el incendio de Notre Dame

El incendio de la catedral de Notre Dame causó conmoción en Francia y en todo el mundo. A la vista de turistas, de quienes viven en la ciudad y, a través de los vídeos en directo y fotos, de todo el mundo, se observó cómo las llamas destruían parte de este importante monumento artístico, Patrimonio de la Humanidad.

A la vez que esto sucedía en París, las redes sociales vivieron su propio incendio con mensajes que corrían como la pólvora, cargados muchos de ellos de especulaciones, rumores y bulos con la finalidad de generar desinformación. Lo que tenían en común estos mensajes que publicaban algunos medios de comunicación, webs dedicadas a publicar contenido falso o determinadas personalidades con impacto social, es su carga islamófoba.

Aun cuando las autoridades habían asegurado que el incendio de Notre Dame había sido un accidente, los mensajes contra la comunidad musulmana comenzaron a circular, haciéndolos responsables de estos sucesos.

Tal era la cantidad de bulos y desinformación contra la comunidad musulmana en las redes sociales y supuestos medios informativos, que webs de fact checking comenzaron a apagar desmentirlos, para apagar las llamas en las redes sociales.

Hashtags como #NotreDame #NotreDamedeParís y #NotreDameCathedral estuvieron de trending topic en Twitter por varias horas. Personas crearon cuentas falsas de medios de comunicación reconocidos como CNN y Fox News para comenzar a divulgar información falsa sobre un supuesto ataque terrorista.

En Twitter también se difundió un vídeo editado en el que se incluía un falso audio en el que se oía “Allahu Akbar” (Alá es grande). Otro bulo que circuló en redes sociales, fue una imagen de una persona dentro de la catedral que supuestamente portaba una chilaba o que portaba “vestimenta típica musulmana”. Esto fue desmentido y se confirmó que se trataba de un bombero ejerciendo su labor, en España este vídeo fue difundido por un usuario en Twitter que consiguió más de 3.400 reproducciones, según reseñó la web Newtral.

En momentos de crispación social, los haters aprovechan también para intentar colar noticias caducadas. Un artículo del diario inglés The Telegraph del año 2016 en el que se informaba sobre el hallazgo de un coche cerca de la catedral de Notre Dame con tanques de gas y papeles en árabe, se difundió el día del incendio, tal fue su difusión que el propio medio de comunicación se vio en la necesidad de editar la cabecera de la noticia para informar que la misma era de años atrás y que no tenía relación con este accidente.

Efectos reales en los colectivos señalados

Cuando se producen hechos de esta envergadura, toda la ciudadanía tiene la responsabilidad individual de no ayudar a difundir estas informaciones por las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, a fin de evitar la propagación de rumores y contenido falso. Estos estereotipos generan polarización social y provocan un daño real a los colectivos a los que se señalan, quienes muchas veces toman la decisión de alejarse y hasta darse de baja en las redes sociales para no sentirse atacados, como desarrolla el Informe Brechas publicado por Accem en 2018. Al final todo el mundo supo que el incendio de Notre Dame fue un accidente, pero el daño causado a la población musulmana apuntada una y otra vez queda marcado

Antes de compartir cualquier información, recordad verificar si el contenido proviene de un medio de comunicación reconocido, si está firmado por un periodista, ver la fecha y contrastar con otros medios de comunicación. En momentos de tensión todas y todos podemos ser haters, si conoces las herramientas podemos evitarlo.

Apagón digital en Sri Lanka: ¿necesidad o conveniencia oportunista?

El pasado domingo 21 de abril, tras los terribles atentados terroristas que tuvieron lugar en Sri Lanka, el Gobierno estatal tomó la determinación de bloquear el acceso a la mayoría de redes sociales –entre las que se encontraban Facebook, Snapchat, Youtube o Instagram– y determinados servicios de mensajería online, como WhatsApp. Esta decisión fue respaldada desde el Ejecutivo ante la difusión de contenidos, a través de estas plataformas, que buscaban desinformar y propagar mensajes de odio contra la población musulmana en general.

No es la primera vez que este país se ve inmerso en esta situación: en 2018, tras un ataque a un templo budista en la ciudad de Kandy, tuvieron lugar una serie de disturbios violentos en los que muchos hogares y negocios que eran propiedad de personas musulmanas fueron incendiados y destruidos por grupos budistas extremistas. En ese momento se tomó por primera vez la decisión de provocar el apagón del mundo online, con la intención de que sirviera como cortafuegos ante la extensión de contenidos islamófobos.

Sri Lanka vuelve a pulsar el botón del bloqueo digital: ¿dedo ágil o dedo fácil?

Si bien es cierto que la actuación del gobierno el año pasado se quiso justificar por la oleada de violencia que surgió tras el suceso, cabe preguntarse ahora si el actual apagón de las redes sociales responde a una estrategia para cortar de raíz la difusión de mensajes para generar odio y prejuicios antes de que se produzcan nuevos disturbios. Pero, ¿existe realmente una justificación para limitar necesidades elementales y derechos básicos?

Ya en 2018 surgieron voces muy críticas ante una medida tan drástica como la censura y la prohibición de acceso a estos servicios. Y en esta ocasión, las críticas no han hecho sino aumentar. La ONG NetBlocks, nacida para dar seguimiento a la libertad de acceso a Internet en todo el mundo, ha afirmado tajantemente que esta decisión es contraproducente por haber silenciado a su vez las fuentes de información fiables y oficiales: «Las restricciones a la red nacional de Internet acelera la propagación de desinformación durante una crisis, debido a que las fuentes auténticas de información no están disponibles”.
A su vez, esta organización también ha criticado que esta situación abre la puerta a que terceras partes puedan explotar la situación, obteniendo beneficios políticos y lucrándose, ante la ausencia de fuentes confiables que permitan contrastar y verificar la veracidad de esas informaciones.

Las dos caras de las redes sociales

Hasta que aparecieron las redes sociales, nunca existieron herramientas que permitieran movilizaciones masivas instantáneas y que sirvieran de vehículo para ideas e informaciones con una capacidad de transmisión tan efectiva. Frente a su utilidad para generar y compartir información, para comunicarnos y para servir de espacios de colaboración y cooperación, la otra cara de la moneda es igual de poderosa, pero para hacernos la vida más complicada y, como mínimo, incómoda.

Un ejemplo de las consecuencias del mal uso de estas tecnologías lo demuestra el miedo de un ciudadano de Colombo, quien, preguntado por el Washington Post acerca del bloqueo tras los atentados, asegura sin ninguna duda que “es absolutamente una buena idea cerrar las redes sociales”. Aunque nos pueda parecer una aseveración aventurada, su temor a posibles represalias por ser musulmán, en un delicado clima de crispación y polarización social, se hace evidente: “A través de Whatsapp recibí información que nombraba a hombres musulmanes como los terroristas suicidas, a pesar de que el gobierno no había nombrado oficialmente a nadie en ese momento. No cerrar las redes sociales podría haber llevado a personas a coordinar ataques y disturbios contra los musulmanes”.

En la otra cara de la moneda se encuentran un no menor número de posibilidades y funcionalidades que han demostrado su enorme utilidad en circunstancias de emergencia. Además de hacer uso de estas plataformas para poder comunicarse directamente con sus familiares y amigos, Facebook lanzó en 2014 la herramienta “Estoy a salvo”, a través de la cual, por ejemplo, durante los atentados de 2015 en París o en medio de alertas y desastres naturales, las personas que se encontraban en las inmediaciones pudieron informar con un único clic a sus seres queridos que se encontraban bien.

Es cierto que aún hay mucho que mejorar y mucha pedagogía por hacer en cuanto al uso responsable de las redes sociales y las consecuencias de dar pábulo a contenidos que fomentan el odio y la desinformación. Pero también queda aún por aclarar hasta qué punto esta censura puede conllevar más beneficios que obstáculos, y, sobre todo, la más que dudosa legitimidad para sacrificar las libertades de información y de expresión de un país entero.

Atentado en Nueva Zelanda: las redes sociales como escondite, canal y altavoz del discurso de odio

El pasado viernes 15 de marzo, al menos 49 personas fueron asesinadas y otras 40 resultaron heridas, en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, en un atentado cometido contra los feligreses de dos mezquitas de la ciudad. El autor del asesinato masivo irrumpió armado en la mezquita de Al Noor y abrió fuego contra las personas que estaban allí reunidas para la oración del viernes, día sagrado para los/as musulmanes/as. Mientras cometía la matanza, grababa su ataque con una cámara adherida a su cuerpo y lo retransmitía en directo a través de las redes sociales. Poco después se producía otro ataque en la mezquita de Linwood, a cinco kilómetros de la primera.

Reunimos aquí algunas de las claves del atentado, y nos detenemos especialmente en aquello en lo que tenemos fijada nuestra atención en el proyecto #SiembraRED y la campaña #SaveAHater: las redes sociales y el entorno digital como espacio en el que el discurso de odio se alimenta, crece, se propaga y provoca consecuencias de extrema gravedad en el mundo offline.

El autor del atentado, o uno de ellos –hay al menos cuatro detenidos-, se llama Brenton Tarrant, es un ciudadano australiano que ha actuado motivado por ideas ultraderechistas y supremacistas. Tarrant se ha servido de las redes sociales para difundir la masacre que ha cometido con intención política y propagandística al servicio de su ideología xenófoba e islamófoba.

En estos hechos, que no olvidemos han acabado con la vida de 49 personas, han jugado un papel no menor las tecnologías de la comunicación, las aplicaciones de mensajería instantánea y las redes sociales. Según escribe el reportero Drew Harwell en The Washington Post, y recoge El Confidencial, “la masacre de Nueva Zelanda fue retransmitida en vivo en Facebook, anunciada en 8Chan, reproducida en YouTube, comentada en Reddit, y reproducida y copiada en todo el mundo antes de que las empresas tecnológicas pudiesen siquiera reaccionar”.

Horas antes de cometer el atentado, el presunto terrorista colgó su manifiesto, de 74 páginas, en el chat 8chan, pidiendo colaboración: “Es hora de hacer un esfuerzo de posteo real”. 8Chan es un sitio web, con escasos filtros y limitaciones para quienes desean publicar en él, en el que se permite y se fomenta el anonimato en las publicaciones, y que a partir del formato de ‘tablón de imágenes’ se basa en la publicación de imágenes y comentarios. Por esa ausencia de filtros y ese anonimato, 8Chan se ha convertido en un espacio utilizado para el intercambio y difusión de material prohibido, como pornografía infantil, violencia contra la mujer o discurso de odio neonazi.

El video de la matanza se emitió en directo a través de Facebook y circuló más tarde a través de distintas redes sociales, como Twitter, Instagram, YouTube o Reddit. Aunque las distintas plataformas trataban de eliminarlo, otros usuarios volvían a subirlo a las diferentes redes, propiciando que continuara su difusión. En las primeras 24 horas tras el atentado, Facebook eliminó 1,5 millones de videos del ataque, según informó Mia Garlick, directora de políticas de Facebook para Australia y Nueva Zelanda. Las redes sociales, los foros de internet y las aplicaciones de mensajería no fueron únicamente el vehículo de difusión de la matanza y el argumentario del terrorista. Fueron también el lugar en el que su autor encontró un espacio de afinidad y apoyo a sus ideas que facilitaron su retroalimentación.

Foros, chats y sitios web sirven para reunir a la gente en torno a sus inquietudes, ideas o aficiones eliminando barreras espacio-temporales. Esto, que es algo positivo y enriquecedor del ecosistema digital, contiene un reverso oscuro, pues permite también el encuentro y difusión de los discursos de odio más extremos y con vocación de convertirse en acciones tan violentas y brutales como el atentado neonazi de Christchurch. El discurso de odio que se cultiva y expande en redes sociales y foros de internet encuentra, además, un complemento perfecto en determinados sitios web que, bajo la apariencia formal de ser un medio de comunicación convencional, se dedican a publicar contenido falso diseñado y elaborado a propósito para fomentar el odio y el rechazo hacia determinados colectivos. Este fenómeno no es ajeno a España, donde también han aparecido páginas de este carácter.

En el atentado perpetrado en Nueva Zelanda, consumada la masacre, y también en este caso de forma simultánea al momento en el que se producía, las redes sociales se convirtieron en el altavoz de estos atentados, cuyo contenido extremadamente violento consiguió viralizarse y extenderse sin límite en el espacio y el tiempo. Ahí es donde desde nuestra campaña ‘Save a Hater’ podemos llamar a la responsabilidad y a la conciencia crítica sobre aquello que difundimos y que, de un modo u otro, contribuimos a extender. Es necesario conocer lo sucedido, pero no contribuir a las intenciones del terrorista: difundir su acción y su ideario de odio e intolerancia.

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