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Los conocidos como ‘MENA’ son niños, niñas y adolescentes –siempre menores de 18 años–, de origen extranjero y que han llegado a nuestro país sin estar bajo el cuidado de sus padres ni de ningún adulto.

Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, a fecha de 31 de junio de 2019, España tenía en acogida o bajo su tutela, a través de los servicios de protección de menores de las distintas comunidades autónomas, a un total de 12.301 menores migrantes en esta situación. Así, suponen tan solo el 0,02 % de la población total nacional, una cifra muy lejana de la pretendida “invasión masiva” de la que alertan nuestros injustificadamente “preocupados” haters.

Exactamente. Los haters llevan un tiempo intentando hacernos creer que están muy alarmados y que existe una especie de “emergencia” por el número de niños, niñas y adolescentes que cruzan la frontera para labrarse una vida con más oportunidades y un futuro mejor para ellos y sus familias. Porque sí, por más que quieran utilizar el acrónimo ‘MENA’ para ocultar de lo que están hablando, se trata de niños, niñas y adolescentes. Todos menores de edad.

Contrastamos con datos: la gran mayoría de menores migrantes se integra de forma adecuada en la sociedad

Los bulos que más repercusión han tenido hacían referencia a menores migrantes sin compañía adulta que estaban en acogida por la Generalitat de Catalunya. En algunos, los más graves, se les ha intentado criminalizar, apuntándoles falsamente como responsables de algunos delitos que han llegado incluso a tener trascendencia en los medios de comunicación.

El objetivo de estos bulos es claro: hacer circular todo tipo de prejuicios y generalizaciones para dibujar una falsa imagen de delincuencia, marginalidad y desinterés por parte estos menores en su integración social, que de ninguna manera se corresponde con los datos oficiales ofrecidos por las instituciones catalanas.

Según los Mossos d’Esquadra, 8 de cada 10 menores que llegaron sin tutores se integraron satisfactoriamente en el sistema de protección de la Generalitat y nunca han delinquido. Así pues, la propia policía catalana argumenta es un “error” criminalizar a todos estos menores, dado que es una inmensa minoría la que presenta alguna dificultad en su integración.

De hecho, incluso entre los menores que llegaron sin compañía de un adulto y han cometido algún delito, casi la mitad lo ha hecho después de cumplir la mayoría de edad. De esta forma y ante estos datos, el argumento de presentar a este colectivo como “peligroso” y “conflictivo” termina de caer por su propio peso. ¡Ayúdanos a combatir el deseo de los haters de romper la convivencia descargándote y utilizando estas piezas para redes sociales!

¿Quieres profundizar? Consulta fuentes fiables

Numerosos memes con información manipulada, titulares de presuntas noticias descontextualizadas, afirmaciones sin fuentes que las respalden… Son casi infinitas las formas que toman las desinformaciones difundidas por los haters. Sin embargo, gracias a iniciativas como Maldito Bulo, se han demostrado que todas estas informaciones son falsas, al igual que ese presunto trato de favor hacia los y las menores migrantes que los haters nos quieren hacer creer que existe.

Sin embargo, y como ya hemos tratado anteriormente, la legislación es clara: se da exactamente el mismo tratamiento a personas inmigrantes que a autóctonas y la edad, el origen, la etnia o la nacionalidad nunca son criterios que sirvan como base para una discriminación ni positiva ni negativa.

La Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 1989, sentó los principios que toda legislación de los países que la hayan suscrito deben tener en cuenta a la hora de legislar sobre los derechos, obligaciones y libertades de los y las menores de edad. Así, su artículo 3 establece que “el interés superior del niño” –y no su origen, aspecto físico, lengua materna o cualquier otra excusa que quieran intentar vendernos los haters– será el principio máximo sobre el cual todos los demás deben estar supeditados:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

A nivel nacional, la ley que regula los servicios y la atención dirigida a la infancia migrante se encuentra en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que en su artículo 10.3 deja con meridiana claridad la igualdad de condiciones y de protección a este colectivo:

“Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, […], garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.
Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española, mientras permanezcan en el territorio del Estado español, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”.

De esta manera queda en evidencia que la intención de los haters no es otra que generar confusión y desconfianza ante niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. Porque, si no, ¿para qué iban a utilizar datos manipulados, mentiras y desinformaciones? Es necesario el compromiso de todas y todos para poner fin a estas acciones que polarizan a la sociedad y rompen la convivencia. ¡Ayudemos a los haters a salvarles de su propia espiral de odio!