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Los ‘MENA’, la nueva diana favorita para los bulos de los haters

Los conocidos como ‘MENA’ son niños, niñas y adolescentes –siempre menores de 18 años–, de origen extranjero y que han llegado a nuestro país sin estar bajo el cuidado de sus padres ni de ningún adulto.

Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, a fecha de 31 de junio de este año, España tiene en acogida o bajo su tutela, a través de los servicios de protección de menores de las distintas comunidades autónomas, a un total de 12.301 menores migrantes en esta situación. Así, suponen tan solo el 0,02 % de la población total nacional, una cifra muy lejana de la pretendida “invasión masiva” de la que alertan nuestros injustificadamente «preocupados» haters.

Exactamente. Los haters llevan un tiempo intentando hacernos creer que están muy alarmados y que existe una especie de “emergencia” por el número de niños, niñas y adolescentes que cruzan la frontera para labrarse una vida con más oportunidades y un futuro mejor para ellos y sus familias. Porque sí, por más que quieran utilizar el acrónimo ‘MENA’ para ocultar de lo que están hablando, se trata de niños, niñas y adolescentes. Todos menores de edad.

Contrastamos con datos: la gran mayoría de menores migrantes se integra de forma adecuada en la sociedad

En los últimos meses, los bulos que más repercusión han tenido hacían referencia a menores migrantes no acompañados acogidos por la Generalitat de Catalunya. En algunos, los más graves, se les ha intentado criminalizar, apuntándoles falsamente como responsables de algunos delitos que han llegado incluso a tener trascendencia en los medios de comunicación.

El objetivo de estos bulos es claro: hacer circular todo tipo de prejuicios y generalizaciones para dibujar una falsa imagen de delincuencia, marginalidad y desinterés por parte estos menores en su integración social, que de ninguna manera se corresponde con los datos oficiales ofrecidos por las instituciones catalanas.

Según los Mossos d’Esquadra, 8 de cada 10 menores que llegaron sin tutores se integraron satisfactoriamente en el sistema de protección de la Generalitat y nunca han delinquido. Así pues, la propia policía catalana argumenta es un «error» criminalizar a todos estos menores, dado que es una inmensa minoría la que presenta alguna dificultad en su integración.

De hecho, incluso entre los menores que llegaron sin compañía de un adulto y han cometido algún delito, casi la mitad lo ha hecho después de cumplir la mayoría de edad. De esta forma y ante estos datos, el argumento de presentar a este colectivo como “peligroso” y “conflictivo” termina de caer por su propio peso. ¡Ayúdanos a combatir el deseo de los haters de romper la convivencia descargándote y utilizando estas piezas para redes sociales!

¿Quieres profundizar? Consulta fuentes fiables

Numerosos memes con información manipulada, titulares de presuntas noticias descontextualizadas, afirmaciones sin fuentes que las respalden… Son casi infinitas las formas que toman las desinformaciones difundidas por los haters. Sin embargo, gracias a iniciativas como Maldito Bulo, se han demostrado que todas estas informaciones son falsas, al igual que ese presunto trato de favor hacia los y las menores migrantes que los haters nos quieren hacer creer que existe.

Sin embargo, y como ya hemos tratado anteriormente, la legislación es clara: se da exactamente el mismo tratamiento a personas inmigrantes que a autóctonas y la edad, el origen, la etnia o la nacionalidad nunca son criterios que sirvan como base para una discriminación ni positiva ni negativa.

La Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 1989, sentó los principios que toda legislación de los países que la hayan suscrito deben tener en cuenta a la hora de legislar sobre los derechos, obligaciones y libertades de los y las menores de edad. Así, su artículo 3 establece que “el interés superior del niño” –y no su origen, aspecto físico, lengua materna o cualquier otra excusa que quieran intentar vendernos los haters– será el principio máximo sobre el cual todos los demás deben estar supeditados:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

A nivel nacional, la ley que regula los servicios y la atención dirigida a la infancia migrante se encuentra en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que en su artículo 10.3 deja con meridiana claridad la igualdad de condiciones y de protección a este colectivo:

“Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, […], garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.
Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española, mientras permanezcan en el territorio del Estado español, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”.

De esta manera queda en evidencia que la intención de los haters no es otra que generar confusión y desconfianza ante niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. Porque, si no, ¿para qué iban a utilizar datos manipulados, mentiras y desinformaciones? Es necesario el compromiso de todas y todos para poner fin a estas acciones que polarizan a la sociedad y rompen la convivencia. ¡Ayudemos a los haters a salvarles de su propia espiral de odio!

¿Las personas inmigrantes abusan de las ayudas públicas? Derrumbamos el mito

Las ayudas se otorgan a las personas con rentas más bajas

Hay un tema que suena en Radio Hater como una mala canción del verano, pero que acaba por hacerse un hueco en la mente de muchos/as a fuerza de ser repetido insistentemente. La lista de canciones de los haters xenófobos es siempre igual, mezcla bulos y tópicos; estereotipos, falsedades y generalizaciones. Pero, como la canción del verano, resulta pegadiza y eficaz. Hoy analizamos la canción de los haters (o más bien el grito desafinado) que afirma que las personas inmigrantes copan todas las ayudas sociales.

Para empezar, es necesario decir que el acceso a las ayudas y a los servicios sociales es un derecho que en todo ámbito administrativo en España (estatal, autonómico y local) se rige, como norma general, por un mismo criterio: la situación socioeconómica personal o familiar.

Existen ayudas económicas o ventajas fiscales (en materia de vivienda, sanidad, educación, etc.) que se conceden a las rentas más bajas o cuando se carece de ingresos; no así por pertenecer a una etnia, religión, origen o nacionalidad determinada. Es más: si en la concesión de estas ayudas directas se discriminase por nacionalidad, sería una situación directamente inconstitucional e ilegal.

Vamos a ver algunos datos: apenas un 16 % de las personas usuarias de los servicios sociales fueron extranjeros (según datos de 2015, recogidos por Newtral); sólo el 9,7% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo nacieron fuera de España (dato de 2017) y tan solo el 1% de las personas receptoras de pensiones eran extranjeras.

Tener residencia legal, requisito para acceder a prestaciones

Hay un elemento más a añadir y a tener en cuenta: en España, la ley establece que, para poder acceder a todo el catálogo de prestaciones sociales, a excepción de las más básicas, es necesario tener residencia en España. Esto deja fuera a muchas personas inmigrantes que, al encontrarse en situación administrativa irregular, no pueden cumplir con este requisito. Queda así en evidencia que la condición de extranjero no supone una ventaja en las posibilidades de acceder a estas prestaciones, más bien todo lo contrario.

Sí existen algunas ayudas destinadas a fomentar la integración social o de carácter humanitario, que, si bien su origen procede en gran medida de fondos públicos, no se otorgan de manera directa. Esos recursos se gestionan a través de las distintas ONG, que, como Accem, trabajan con personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión, quienes las conceden en función de criterios basados en la situación de vulnerabilidad y emergencia social.

Es necesario decir claramente que las ayudas humanitarias, que sirven para afrontar situaciones extremas de emergencia social, o las ayudas a la integración son fundamentales y necesarias para construir una sociedad diversa, cohesionada y equilibrada socialmente.

Tampoco hay que olvidar que las propias personas inmigrantes, también aquellas en situación irregular, contribuyen a la financiación de los servicios públicos a través de impuestos como el IRPF, que grava sobre la renta, o como el IVA, cada vez que se compra un producto o se contrata un servicio.

Junto a estos datos y argumentos, amigo/a salvahaters, te dejamos aquí algunas piezas para redes sociales para ayudarte en esa tarea nunca suficientemente ponderada de salvar a los haters de ese riesgo cierto de combustión espontánea.

Todas estas falsedades hacen mucho más daño de lo que parece. Desde Save A Hater queremos invitaros a desactivar el efecto tóxico de los bulos discriminatorios: párate a pensar cuál es la mejor manera de reaccionar, y después decide: corta la cadena, desmonta el mensaje discriminatorio, solicita la fuente del rumor para averiguar si es o no veraz y, en caso necesario, denuncia. Accede aquí a algunas herramientas que te pueden ser de utilidad.

¿Quieres profundizar? Consulta fuentes fiables

En España, a nivel legislativo, las competencias para regular las ayudas sociales recaen en su mayor parte sobre las comunidades autónomas, que fijan sus cuantías y los requisitos de acceso, que deben estar basados en criterios justificados conforme a la ley y, en última instancia, a principios como igualdad y universalidad.

Dentro del marco jurídico estatal, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social –conocida como Ley de Extranjería–, estipula expresamente que para poder acceder a todo el catálogo de prestaciones de la Seguridad Social y de los servicios sociales, a excepción de los más básicos y que responden a situaciones de emergencia social, es necesario tener residencia legal en España.

La única subvención pública destinada específica y directamente a personas extranjeras que se encuentren en España es la destinada al retorno voluntario, es decir, “aquella dirigida a facilitar el regreso a sus países de origen a las personas inmigrantes que, cumpliendo los requisitos legalmente establecidos, así lo deseen”.

Por su parte, Maldita Migración ha realizado un seguimiento de estas ayudas a nivel autonómico y las distintas administraciones han dado una respuesta unánime: no se dan más facilidades de acceso a las ayudas a las personas de origen extranjero.

¿No será entonces que a nuestros/as estimadísimos/as haters lo que les molesta es que todas las personas puedan disfrutar de los derechos sociales en condiciones de igualdad sin discriminación por su origen étnico o nacional?

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